Prevención de la violencia armada
Nuestro país y nuestros propios barrios del área metropolitana de Washington D.C. se enfrentan a una crisis de violencia armada. Hemos perdido demasiadas vidas por asesinatos y agresiones con armas de fuego y muertes por suicidio. Es posible evitar que la gente mate a otras personas o se mate a sí misma sin infringir los derechos de la Segunda Enmienda para la legítima defensa y la recreación.
Por eso, durante mi mandato en la Cámara de Delegados, he votado a favor de proyectos de ley para exigir la comprobación universal de antecedentes, permitir que las localidades regulen las armas de fuego en los edificios gubernamentales y, lo que es más importante, promulgar órdenes de protección de riesgo extremo para permitir que un juez emita una orden de emergencia para prohibir que alguien que esté en peligro inminente de hacerse daño a sí mismo o a otros compre, posea o transporte un arma de fuego. Aquí, en la región de Prince William, ya hemos visto un profundo efecto positivo de esta ley, ya que en más de una docena de ocasiones las fuerzas del orden locales han podido intervenir para evitar suicidios y homicidios.
Mientras trabajamos en esta cuestión, debemos implicar a los estudiantes en el debate. Como delegado, tuve éxito al involucrar a los propios estudiantes. En mayo de 2018, organicé una mesa redonda dirigida por estudiantes con el senador estadounidense Tim Kaine sobre la prevención de la violencia armada en Manassas Park High School. Los estudiantes participantes de las escuelas secundarias Manassas Park, Unity Reed, Patriot y Hylton compartieron sus historias, ofrecieron soluciones políticas innovadoras y destacaron la necesidad crítica de una legislación de prevención de la violencia armada, ya que temían por su seguridad en la escuela y en la comunidad local. Esta conversación fue reveladora y reforzó en mí la creencia de que nuestros estudiantes, educadores y comunidad merecen vivir libres de la amenaza de la violencia armada donde aprenden y trabajan.
Seguiré apoyando los proyectos de ley de prevención de la violencia armada en los que exista un precedente bipartidista en Virginia o en otros estados para que podamos conseguir algo que sea eficaz y esté basado en datos.